Nuestras demandas

El 14 de septiembre de 2017 todos los grupos parlamentarios aprobaron una Proposición No de Ley que pedía al Gobierno que presentase a las Cortes una Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra la Infancia en un plazo no superior a 12 meses, y que dicha ley fuese aprobada en esta legislatura. El 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó su Plan Normativo 2018, pero en él no se incluyó la Ley Orgánica sobre la Violencia contra la Infancia.

Desde la Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia, pensamos que es urgente incluir la elaboración de esta ley en el Plan Normativo de 2018, que la misma se presente en el Congreso y que, además, el Ejecutivo garantice que esta articula el desarrollo de una Estrategia Integral para Erradicar la Violencia contra la Infancia, implicando a las administraciones de todos los niveles, y que plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración

Algunas de las medidas que desde la Alianza consideramos imprescindibles en esta Ley son:

FORMACIÓN
  1. Elaboración e implementación de campañas de sensibilización públicas para que la sociedad sepa detectar cualquier tipo de violencia que ocurra en su entorno.
  2. Formación especializada obligatoria en prevención y detección de la violencia, así como en derechos de la infancia y género, de todos los profesionales que trabajan habitualmente con menores (profesores, monitores, etc.)
SISTEMA EDUCATIVO
  1. Protocolos obligatorios en los centros escolares para prevenir, detectar y actuar ante cualquier caso de violencia, que se pongan en marcha ante la mera revelación del hecho violento por parte del menor. En estos protocolos se determinarán claramente las actuaciones a seguir y las responsabilidades de cada agente de la comunidad educativa, así como protocolos de coordinación entre centros. En los casos de acoso escolar deberán también preverse actuaciones específicas en relación con el ciberacoso.
  2. Coordinación con el sistema educativo para poner en práctica una serie de programas integrales de desarrollo de la primera infancia de calidad que ayuden a establecer relaciones positivas entre padres/madres e hijos/as y a reducir las prácticas más rígidas de crianza.
SERVICIOS SOCIALES
  1. Coordinación entre los distintos niveles administrativos para responder adecuadamente a las diversas necesidades de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, y evitar que ningún caso quede sin atender. Esto incluye un trato sensible a las víctimas de maltrato infantil por parte de los sistemas de aplicación de la ley y la justicia. También el apoyo físico y psicosocial por parte de personal cualificado y capacitado. Las niñas, niños y adolescentes en riesgo deben tener acceso a espacios seguros cuando no están en casa o en la escuela, con oportunidades para participar en actividades recreativas y deportivas.
PRESCRIPCIÓN
  1. Modificar los términos de la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia, contando a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como hasta ahora.
JUSTICIA
  1. La adaptación del sistema de justicia a las necesidades de la infancia y de las niñas para evitar que el proceso judicial los revictimice. En particular, proponemos la especialización de juzgados de instrucción para convertirlos en juzgados de violencia contra la infancia, la creación de una fiscalía de violencia contra la infancia, la generalización de prácticas como la prueba preconstituida, formación de los profesionales, salas adecuadas para la infancia… etc.
GRUPOS VULNERABLES
  1. Debido a que las niñas son el colectivo que más sufre violencia hacia la infancia, es preciso desarrollar medidas legislativas concretas para protegerlas de la violencia que se ejerce específicamente sobre ellas: el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina como delito o los casos de trata y tráfico.
  2. La Ley protegerá a otros grupos vulnerables: los y las menores con discapacidad (se regularán especialmente sobre delitos que les afectan en mayor medida y en su derecho a ser informados/as y escuchados/as en los procedimientos); los y las menores privados del cuidado parental o en riesgo de perderlo; los y las menores extranjeros/as no acompañados/as (que requieren una especial protección tanto en la entrada al territorio español como en su identificación y asignación de recurso); el colectivo LGTBI (se les protegerá especialmente ante formas de violencia específicas); o los niños de familias en situación de riesgo y/o tutelados por la administración
RECOGIDA DE DATOS E INFORMES
  1. Diseño y puesta en marcha de un sistema para obtener datos desagregados por sexo y edad y análisis sólidos que proporcionen una base firme para la elaboración de políticas basadas en pruebas empíricas. Estos datos estadísticos tendrán en cuenta la violencia que afecta a la infancia en todos los niveles (escolar, familiar y callejero) a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia (psicológica, física, sexual y acoso) con enfoque de inclusión y diversidad (discapacidad, menores extranjeros/as, minorías étnicas, colectivo LGBTI) y que incluyan datos sobre los casos producidos de matrimonio infantil forzoso y mutilación genital femenina.

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